Juicio por YPF: el Gobierno pidió frenar la búsqueda de activos embargables en Estados Unidos

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional presentó un pedido formal ante la jueza Loretta Preska para suspender el proceso de discovery y el planteo de desacato impulsado por los demandantes en el litigio vinculado a la expropiación de YPF, según informaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

En la presentación elevada al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, el Estado argentino sostuvo que el accionar de los demandantes configura un hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de información intrusivos y desproporcionados que afectan de manera directa la soberanía argentina y las relaciones internacionales.

El discovery es el mecanismo procesal que permite a los beneficiarios del fallo solicitar información para rastrear posibles activos embargables con el objetivo de ejecutar la sentencia.

Desde la Procuración recordaron que, durante administraciones anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades. En contraste, señalaron que desde la asunción del actual Gobierno, en diciembre de 2023, el país cumplió plenamente con el proceso de discovery ordenado en la causa y con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.

En ese sentido, destacaron que el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de documentación sin precedentes. Sin embargo, advirtieron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes intensificaron sus reclamos mediante solicitudes cada vez más invasivas, costosas y ajenas al objeto del proceso.

La PTN también señaló que en las últimas semanas el fondo Burford Capital incrementó la presión a través de una moción de desacato y de un pedido de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la

República Argentina.

Al respecto, el Gobierno aclaró que dichas reservas son propiedad del Banco Central y que se encuentran protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que constituyen activos no ejecutables. En consecuencia, cualquier requerimiento de información sobre esos bienes resulta improcedente desde el punto de vista jurídico.

En esa línea, la Procuración del Tesoro afirmó que el proceso de discovery se desnaturalizó y se transformó en una herramienta de presión destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino. Además, advirtió que los demandantes expresaron de manera explícita su intención de afectar la recuperación económica del país, una conducta que calificó como jurídicamente y moralmente inaceptable.

Finalmente, el Gobierno ratificó que la República Argentina continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios a la Constitución, las leyes nacionales y los principios básicos del derecho internacional.